Miguel de la Madrid Hurtado fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988. Nacido en Colima el 12 de diciembre de 1934, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México donde luego se desempeñó como profesor.
En 1963 se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y comenzó su carrera política en 1965. Luego de ganar las elecciones presidenciales inició uno de los períodos de gobierno más difíciles, controvertidos y calificado como el “peor” de la vida política y económica de México. Esto a causa de la gran crisis económica en la que recibió el país, su instauración de una economía neoliberal, la tragedia del terremoto de 1985, la obligación de abrir el país a la encomienda mundial para poder organizar el Mundial de la FIFA de 1986, la caída estrepitosa de la Bolsa Mexicana en 1988 y el famoso Pacto de Solidaridad Económica y las otras muchas fallas en que incurrió su gobierno en los seis años de su presidencia.
Cuando De la Madrid subió la gasolina 100% y el diésel 150% en su primer día como presidente
El primero de diciembre de 1982 Miguel de la Madrid, abogado y político, asumió la presidencia de México en un contexto de profunda crisis económica. En su discurso inicial declaró que asumió el país en medio de una situación de emergencia económica y anunció un programa de medidas que permitiría la liberación económica, descentralización y regulación.
Entre sus principales medidas se encontraba el incremento de las tarifas de la gasolina y el diésel, cuyos precios aumentaron en un 100% y un 150% respectivamente. Dicha medida se ejecutó para que el Estado pudiese obtener mayores ingresos económicos y reducir su déficit fiscal, apoyado por lo que denominó “realismo económico”.
No obstante, dicho realismo económico apenas era el inicio de la crisis, puesto que el incremento tan excesivo de los combustibles solo generó el aumento significativo de la inflación y encarecimiento de los productos de consumo y transporte.
La “Renovación Moral”: la cruzada anticorrupción que creó la SECOGEF y reformó el Título Cuarto constitucional en 72 horas
A principios de su mandato, De la Madrid promovió una campaña de moralización o renovación moral de la administración pública con la intención de combatir la corrupción y evitar que los fondos del Estado pasaran a manos inescrupulosas.
Para ello presentó ante el congreso la iniciativa de reforma del Título Cuarto de la Constitución que permitía establecer, en palabras del mismo Expresidente: “las responsabilidades de los servidores públicos y se dispusieron con mayor claridad y firmeza las normas de su conducta, sus responsabilidades políticas, administrativas y penales, así como los procedimientos para hacerlas efectivas”. *
En función de esto, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación o SECOGEF el 29 de diciembre de 1982, la cual inició sus actividades en enero de 1983.
La SECOGEF tenía como misión fungir como órgano central del gobierno para dirigir acciones orientadas a fiscalizar y vigilar internamente a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, así como prevenir y combatir la corrupción.
México reescribe su Constitución económica: los artículos 25, 26, 27 y 28 que legalizaron la economía mixta y la futura privatización
El 3 de febrero de 1983, a un año y un mes de haber asumido la presidencia, el presidente Miguel de la Madrid logró un hito histórico con la reforma de la Constitución Nacional de 1917 y sus artículos 25, 26, 27 y 28, los cuales pasaron a integrar lo que se conoce como el capítulo económico de la constitución.
En la Constitución de 1917, los artículos 25 y 26 se referían al derecho de la correspondencia y al alojamiento en casas particulares de miembros del ejército. Ambos artículos fueron vaciados de contenido y su materia se integró en el artículo 16, dejando libres los artículos 25 y 26 para incorporar la Rectoría del Estado y la economía mixta, así como la Planeación Democrática del Desarrollo. Estos principios se complementaron con los artículos 27 y 28, en los cuales se abordó la seguridad jurídica del campo y se definieron las áreas económicas reservadas al Estado, junto con su facultad para intervenir en los mercados de productos de consumo popular.
Dichas modificaciones permitieron al Estado legalizar la economía mixta, es decir, un modelo en el que el sector público podía participar en la actividad económica sin convertirse en su único rector. Con ello también se abrió el camino para la privatización de diversas industrias bajo control gubernamental.
El primer Plan Nacional de Desarrollo obligatorio por ley: cuatro objetivos para un país al borde de la quiebra
El Plan Nacional de Desarrollo es un documento emitido por el Ejecutivo Federal que establece los objetivos de la nación, las estrategias y las prioridades del desarrollo del país. El primer Plan Nacional de Desarrollo Obligatorio fue presentado por el gobierno de Miguel de la Madrid el 30 de mayo de 1983 y publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.
Basado en un diagnóstico de la situación económica de la época y en los diversos documentos, ponencias y estudios recogidos hasta la fecha, así como en las propuestas de los partidos políticos, el Plan Nacional de Desarrollo tuvo por objetivos:
- Conservar y fortalecer las instituciones democráticas
- Vencer la crisis
- Recuperar la capacidad de crecimiento
- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales
El plan centraba sus esfuerzos en superar la crisis económica abriendo el camino a la liberación de mercados, las importaciones y en la reducción del control de los precios por parte del Estado, entre otros aspectos.
Desafuero exprés en 32 días: el exdirector de Pemex Jorge Díaz Serrano pasa del Senado a la cárcel por un fraude de 34 millones de dólares
Gracias a la lucha anticorrupción de la SECOGEF, el exdirector de PEMEX (Petróleos Mexicanos) Jorge Díaz Serrano —quien entonces fungía como senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y había sido el segundo hombre de mayor peso durante el gobierno de José López Portillo— fue desaforado en solo treinta y dos días y puesto a disposición de la justicia. Ello ocurrió luego de ser acusado por el entonces secretario de la Contraloría General de la Federación de un fraude de 35 millones de dólares en perjuicio de la empresa petrolera estatal, derivado de la compra a sobreprecio de dos buques petroleros.
Debido a su condición de senador, Jorge Díaz Serrano gozaba de impunidad; sin embargo, esta le fue retirada con rapidez. Solo se necesitaron treinta y dos días para que toda la Cámara de Diputados y los órganos previos votaran a favor de retirarle el fuero. Cabe destacar que, a pesar de que el exsenador permaneció en reclusión durante cinco años, nunca se comprobó el fraude y únicamente se le acusó de “encubrimiento de compra de compresoras para Pemex”.
El FBI captura en Puerto Rico a Arturo “El Negro” Durazo, el policía más corrupto de México
Arturo Durazo Moreno, conocido como “El Negro”, fue jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal de 1976 a 1982, durante el sexenio del expresidente López Portillo. En ese período, Durazo fue mucho más que un jefe policial. Apoyado en su rango y en el poder que acumuló, extendió las prácticas tiránicas que ya exhibía desde antes y comenzó a negociar con narcotraficantes y delincuentes a quienes protegía, así como con personas influyentes que solicitaban sus favores.
Su gestión al frente de la corporación estuvo marcada por desapariciones forzadas, torturas, narcotráfico, diversos crímenes y una impunidad extrema. Tal fue su poder que logró amasar grandes fortunas, evidentes en la excentricidad de sus propiedades, equipadas con helipuertos, galgódromos y caballos pura sangre.
La impunidad de Durazo terminó cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia e instauró su campaña anticorrupción. Para entonces, Durazo ya se encontraba fuera del país, por lo que se solicitó el apoyo del FBI y de la Interpol para su captura. Finalmente fue detenido en Puerto Rico el 30 de junio de 1984.
El terremoto 8.1 que mató entre 10,000 y 20,000 personas mientras el gobierno rechazaba ayuda internacional
Los fenómenos naturales revelan aquello que los poderes políticos no admiten. El 19 de septiembre de 1985 ocurrió el terremoto más fuerte y catastrófico de México. Tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, una duración de dos minutos y causó la muerte de entre diez mil y veinte mil personas, según datos de organizaciones civiles.
La situación y el caos generados por los daños materiales se agravaron ante la demora en la respuesta del gobierno federal, encabezado por Miguel de la Madrid, quien no solo minimizó la magnitud del desastre —hasta la fecha solo reconoció 3 192 fallecidos—, sino que tampoco activó con inmediatez la ayuda necesaria para el rescate y socorro de las víctimas. De no haber sido por la acción y organización espontánea de la sociedad civil, el número de muertos habría sido aún mayor.
Para empeorar la gestión gubernamental ante la catástrofe, el presidente impidió que las fuerzas militares auxiliaran a la población en las primeras horas del siniestro y, además, declaró que no se requería ayuda internacional. Cabe destacar que, para entonces, México no contaba con protocolos de emergencia ni con sistemas de prevención como los que existen hoy. Fue a partir de 1986 cuando se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, y durante la década siguiente se elaboraron los planes y programas que actualmente se aplican en caso de terremotos.
El barril de petróleo se desploma de $25 a $11 dólares y México pierde 8,500 millones de dólares en un año
El cuarto año del sexenio de Miguel de la Madrid representó un duro golpe para su plan de renovación y de salida de la crisis económica, pues el precio del barril de petróleo se desplomó de 25 a 11 dólares, lo que provocó una pérdida de 8 500 millones de dólares en solo un año.
El impacto negativo de esta caída se trasladó de inmediato al valor del peso frente al dólar, que descendió considerablemente y aceleró el agotamiento de las reservas nacionales. El resultado fue una contracción del producto interno bruto (PIB) de −3.1% y un incremento significativo de la inflación.
México organiza su segundo Mundial de Fútbol pese al terremoto y la quiebra: De la Madrid recibido con rechifla monumental en el Azteca
A pesar de no haberse recuperado aún de los estragos del terremoto de 1985 y de enfrentar niveles excesivos de inflación, crisis económica y una fuerte caída del PIB, México —bajo la presidencia de Miguel de la Madrid— organizó su segundo Mundial de Fútbol de la FIFA, celebrado entre el 31 de mayo y el 29 de junio de 1986.
Muchos recuerdan ese mundial porque Diego Armando Maradona anotó dos goles legendarios, uno de ellos conocido como “la mano de Dios”. Sin embargo, para el pueblo mexicano aquel torneo quedó marcado por la crisis económica y política, por considerarlo un mundial montado sobre el dolor de las víctimas del terremoto y sobre las dificultades derivadas de la deuda externa y del desplome de los precios del petróleo. La pregunta inevitable es cómo pudo México, en medio de semejante crisis, sostener la organización del evento.
La necesidad de recursos y el compromiso adquirido con la FIFA llevaron al país a aceptar la condición de que el mundial debía financiarse por sí mismo, mediante la venta de boletos, la publicidad y los derechos de transmisión. Además, la FIFA exigió que sus ingresos se pagaran en dólares o francos suizos, no en pesos mexicanos. Esto obligó al gobierno, que hasta entonces mantenía una política cambiaria estricta y proteccionista, a abrirse a la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), lo que permitió el ingreso de divisas y la importación de insumos necesarios para la transmisión de los partidos, incluido el emblemático balón Azteca.
Dado que la economía mexicana se encontraba en un desequilibrio total y los precios aumentaban de manera constante, la FIFA también exigió la congelación de las tarifas hoteleras para garantizar estabilidad a los visitantes y a las delegaciones deportivas.
Otro elemento decisivo fue que México ya contaba con la infraestructura construida para el Mundial de 1970, aún en pie, operativa y sin daños tras el terremoto. En lugar de levantar nuevos estadios y vías, la FIFA recomendó utilizar lo existente. Así, pese a la crisis, México logró montar su Mundial de 1986. No obstante, los esfuerzos no alcanzaron para ganarse el ánimo popular, ya que durante la inauguración en el Estadio Azteca, el presidente Miguel de la Madrid fue abucheado masivamente, expresión del descontento por su fallida gestión ante el terremoto y la crisis económica.
México entra al GATT como miembro 92 y abre irreversiblemente su economía al comercio mundial
Como mencionamos en el punto anterior, gracias al Mundial de 1986 México se vio en la necesidad de incorporarse al GATT, ocupando el lugar 92. Esta adhesión permitió abrir la economía al comercio internacional, favoreciendo y facilitando las importaciones, así como el ingreso de moneda extranjera. El acuerdo se estableció el 17 de julio de ese mismo año, y el presidente Miguel de la Madrid estampó su rúbrica el 25 del mismo mes. Al respecto, el propio exmandatario afirmó: “México ya no podía permanecer al margen del sistema mundial de negociaciones comerciales”.
La incorporación al GATT no solo abrió las puertas a las importaciones, sino también a las exportaciones. Esto contribuyó a desmontar el modelo proteccionista del Estado, reducir los aranceles de importación y encaminar al país hacia una de las economías más abiertas del mundo.
De 1,155 a 412 empresas paraestatales: el desmantelamiento masivo del Estado empresario mexicano
Uno de los rasgos más definitorios del periodo presidencial de Miguel de la Madrid fue la adopción del neoliberalismo y, con ello, la privatización de empresas y organismos que hasta entonces formaban parte del Estado. Si bien la privatización buscaba reducir la intervención estatal en la economía y abrir paso a la inversión privada para dinamizar el mercado, es necesario recordar que muchas de las empresas en manos del gobierno pertenecían a prestadores de servicios públicos o eran antiguas filiales de corporaciones como Somex y Nacional Financiera, que administraban tanto grandes como pequeñas compañías y que, para evitar su quiebra, habían sido absorbidas por el Estado.
Para avanzar en la privatización de las empresas paraestatales se inició un proceso denominado “desincorporación del sector paraestatal” y se promulgó la Ley de Entidades Paraestatales, mediante la cual se reclasificaron organismos y empresas como estratégicos, prioritarios y no prioritarios. Estos últimos fueron los primeros en privatizarse, en su mayoría pertenecientes a Somex y Nafinsa. Posteriormente se privatizaron la industria siderúrgica, la de fertilizantes, la azucarera y se inició la privatización bancaria, así como la de ferrocarriles y aeropuertos.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid pasaron a privatizarse 713 empresas paraestatales, reduciendo la carga del estado de 1155 a solo 412 empresas estatales.
El “Lunes Negro” destruye los ahorros de 1.25 millones de mexicanos: la Bolsa cae 70% en semanas tras subir 690% en meses
El 19 de octubre de 1987 marcó la historia de la economía mexicana con lo que se conoció como el primer “Lunes Negro”, cuando la Bolsa Mexicana de Valores cayó con pérdidas del 70%. Aunque este desplome fue consecuencia directa de la caída de la bolsa estadounidense, arrastró también a otras economías.
Lo más grave es que la Bolsa Mexicana venía de una temporada de rendimientos extraordinarios: había crecido alrededor de 690% solo entre enero y octubre de ese mismo año, a pesar de una inflación del 150%.
La caída bursátil no solo afectó a las grandes empresas, sino también a los pequeños inversionistas —en su mayoría jefes de familia— que habían colocado en la bolsa sus ahorros y fondos de jubilación. Muchos de ellos habían tenido que presionar previamente para que se les permitiera invertir, motivados por la racha alcista del mercado. La Comisión Nacional de Valores autorizó sus pequeñas inversiones, pero el desplome arrasó con su patrimonio, generando una crisis adicional cuando miles de familias quedaron sin recursos para pagar hipotecas, colegiaturas y otros gastos esenciales.
Inflación récord del 159% y el Pacto de Solidaridad Económica que congeló precios, salarios y tipo de cambio para evitar la hiperinflación
Debido a una tasa de inflación del 159%, que tenía completamente hundida la economía de los hogares, así como a productores y comerciantes, el gobierno de Miguel de la Madrid propuso un Pacto de Solidaridad Económica, firmado el 15 de diciembre de 1987.
El pacto era sencillo y, al mismo tiempo, ambicioso porque buscaba reducir la inflación y mitigar su impacto en la economía nacional. La propuesta consistía básicamente en que el gobierno se comprometía a no aumentar los impuestos ni los costos de los servicios —como combustibles y agua—, mientras que los productores se obligaban a mantener los precios, los comerciantes a no incrementarlos y los consumidores a no solicitar aumentos salariales.
De esta forma, todos los precios y salarios quedaron congelados, lo que contribuyó a reducir la inflación. A lo largo de 1988 sí se realizaron incrementos salariales y ajustes en los costos de servicios y productos, pero conforme a lo estipulado en el pacto. Aunque este plan logró beneficios al disminuir la inflación y estabilizar el precio del dólar, a la larga también generó estancamiento económico, aumento del desempleo, pérdida del valor real del salario y una reducción de la producción nacional.
La ruptura histórica del PRI: Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez forman el Frente Democrático Nacional para desafiar al partido hegemónico
Gracias a la política neoliberal del gobierno de Miguel de la Madrid —miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaba desde la Revolución Mexicana de 1929—, un grupo de tres de sus integrantes más reconocidos decidió separarse a mediados de 1987 y fundar su propio partido político, denominado Frente Democrático Nacional.
Al frente de esta nueva organización se encontraban Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Con la creación del Frente buscaban democratizar las elecciones internas del PRI y, al mismo tiempo, oponerse y evidenciar los errores de la política económica y del proyecto neoliberal impulsado por Miguel de la Madrid.
Debido a que no se logró una revisión interna dentro del PRI, el Frente Democrático Nacional se separó definitivamente, pasó a la disidencia y se unió a otros partidos para postular a Cárdenas como candidato presidencial en 1988. Después de perder la contienda y denunciar fraude electoral, las distintas organizaciones que integraban el FDN convocaron a la sociedad a unirse para formar un nuevo partido, al cual denominaron como Partido de la Revolución Democrática.
“Se cayó el sistema”: la noche del 6 de julio de 1988 en que las computadoras se apagaron cuando Cárdenas iba ganando y amaneció presidente Salinas
El fraude que Cárdenas denunció en las elecciones del 6 de julio de 1988 tenía fundamento. Esa misma noche, el sistema que computaba los votos a nivel nacional se “cayó” misteriosamente, justo cuando los resultados iniciales lo daban como ganador.
Lo esencial para comprender este apagón es que, hasta entonces, todo el sistema electoral estaba bajo el control del gobierno federal, dominado por el PRI. Es decir, el proceso estaba dirigido y centralizado por el propio partido en el poder, y no por un organismo autónomo e imparcial. Esto permite entender las dudas sobre su transparencia y cómo un mismo partido logró mantenerse en el poder durante más de sesenta años.
Tras la caída del sistema, los medios de comunicación dejaron de transmitir los resultados. A la mañana siguiente, cuando se recuperó la información, se anunció oficialmente como presidente electo a Carlos Salinas de Gortari.
Declaraciones posteriores de figuras políticas de la época han dejado entrever que el fraude sí ocurrió y que existió un acuerdo entre el PRI y el PAN. Incluso el expresidente Miguel de la Madrid admitió años después, en una entrevista con periodistas de El País, que “el fallo fue que se declaró el triunfo electoral del Partido Institucional (PRI) sin ninguna base en cifras”.
Conclusión:
El sexenio del presidente Miguel de la Madrid inició con un plan centrado en reducir la crisis económica nacional, pagar la deuda externa y privatizar sectores públicos bajo una agenda económica neoliberal. Lamentablemente, quienes pagaron el precio de esa agenda fueron los ciudadanos comunes representados en la clase media alta, la clase media baja, la clase obrera y los sectores más pobres del país, pues el nivel adquisitivo se desplomó y, con él, la calidad de vida.
Comprender hoy la historia reciente de México nos permite ver que no todas las promesas presidenciales responden a las necesidades reales del ciudadano común y que, para nuestro pesar, la historia tiende a repetirse sexenio tras sexenio.